Así es la "tutelatón" de Atlético Nacional: ¿a qué y a quién apunta?

No fue una ni fueron dos. Fueron al menos tres las tutelas que en las últimas horas interpuso Atlético Nacional, las cuales se suman a las de cada uno de sus refuerzos, para obligar, al costo que sea, a la inscripción de los jugadores que contrató en calidad de refuerzos.

El fondo de la estrategia parece claro: hacer que sean las instancias judiciales colombianas y no las extranjeras las que diriman el conflicto que mantiene con Cortuluá, por el traspaso del jugador Fernando Uribe, que por ahora condena a los antioqueños al pago de 5 millones de dólares, los cuales, hasta no ser cancelados, motivan la decisión de Dimayor de no permitir la inscripción de los refuerzos.

Vale mencionar, a manera de contexto, que el conflicto de se remonta a 2014, cuando el equipo vallecaucano reclamó ingresos por el jugador, del que conservó el 50 por ciento de los derechos al momento de hacer la transferencia a Millonarios, pero no percibió nada pues el equipo antioqueño lo cedió y el contrato expiró sin que se renovara, permitiendo que el atacante su salida libre al fútbol mexicano. Inicialmente, el TAS falló a favor de Cortuluá, pero solamente le exigió a Nacional el pago de 150 mil dólares, correspondientes al valor del préstamo de Uribe. El equipo de la Primera B fue a la justicia suiza y demandó falta de competencia, lo cual le fue concedido, decisión de dejó en firme el primer fallo, de la Comisión del Estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), referente a la millonaria suma en dólares.

Ese resumen es importante para entender la decisión que en las últimas horas tomó Nacional: interpuso acciones de tutela contra Dimayor, la FCF y Cortuluá. En todos los casos, como pudo confirmar FUTBOLRED, alegó violación al debido proceso. En contra de las primeras instituciones hizo referencia además a la administración de justicia, que es el derecho de los colombianos a acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia cuando así lo consideren. Ambas entidades tenían hasta este martes para responder las demandas de los jueces.

Nacional, dicho por su nuevo asesor legal, Néstor Humberto Martínez, agotará todas las instancias para hacer que un juez competente en el país decida sobre la millonaria suma de 5 millones de dólares, y no entidades foráneas como la justicia de Suiza, que le dio la razón a Cortuluá.

Sin embargo, hay que decir que este martes esa 'tutelatón' ya sufrió un primer golpe, pues una jueza de Rionegro decidió declarar improcedente la acción interpuesta por el jugador Ruyeri Blanco, al considerar que no se configura la violación al derecho al trabajo. Precisamente, este portal aludía hace unos días, citando al abogado Andrés Charria, que difícilmente se configuraba tal infracción pues los jugadores estaban trabajando y devengando un salario por la práctica del fútbol, más allá de que no pudieran competir oficialmente en la Liga.

Pero la jueza segunda municipal de Rionegro, Mónica Patricia Valverde Solano, ha tocado un punto clave que puede ser una herida honda en la intención del equipo verde: "Es claro que la imposibilidad de participar como jugador en los torneos mencionados se gesta por sanciones que afectan a su empleador por acciones o hechos acaecidos con anterioridad. Club Deportivo que, a pesar de conocer las consecuencias de contratar nuevos jugadores, optó por asumir tal riesgo, lo que ha generado que el accionante no pueda actuar como jugador y que este trate de de resolver tal imposibilidad por vía de tutela, desconociendo su carácter subsidiario y residual", dijo en su fallo.

Palabras más palabras menos, para la justicia Nacional es responsable de ofrecer una condición de trabajo que no podía cumplir y ese concepto bien puede marcar el rumbo de la discusión de ahora en adelante, pues este conflicto tiene muchos años y se han dado muchas oportunidades para evitar las consecuencias deportivo-legales que se están presentando.

De hecho, se pudo confirmar que hace unos meses hubo un acercamiento entre los directivos verdolagas y los de Cortuluá y se exploraron soluciones, relacionadas con pagos por plazos e inclusive transferencias de jugadores, todo en vías de superar la situación y evitar sanciones, hasta que una filtración a la prensa arruinó todo.

Hoy la estrategia verde es evitar el pago hasta que no lo ordene un juez de la República, mientras desde la acera vallecaucana se habla más de posibles denuncias por daño reputacional y del riesgo de desafiliación del país a la FIFA por dos vías: la decisión de Nacional de acudir a la justicia ordinaria -lo que está expresamente prohibido en los reglamentos de la entidad- o la orden de la justicia de habilitar la inscripción de los jugadores, lo que desconocería el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FCF. Las posiciones no podrían estar más radicalizadas. Y mientras eso ocurre, el reloj corre en contra de los futbolistas, los que a la larga menos tienen que ver en esta discusión, pues el 6 de agosto podría terminar la ilusión de jugar partidos oficiales este semestre.